Artículo de Alejandro Galisteo en Expansión Jurídico. Publicado el 29 de abril de 2020.
Los datos abiertos son una fuente de información muy valiosa para el sector legal a la hora de generar herramientas inteligentes con los que mejorar sus servicios profesionales.
Una vez más, la Universidad de Stanford se sitúa a la vanguardia. Hace escasos días, su facultad de ciencias jurídicas anunció la apertura de su base de datos. El mundo podía acceder a los trabajos e investigaciones desarrollados en esta inagotable cantera de juristas de primer nivel, muchos de ellos, gobernadores y senadores en EEUU.
Aunque la iniciativa de la facultad de Palo Alto viene marcada casi como un acto de solidaridad con las firmas legales por la crisis del coronavirus, el acceso a fuentes de datos abiertos no es algo que los bufetes deban ignorar. Tanto por las posibilidades que les abre como por analizar si otras instituciones pueden hacerle frente a la hora de ofrecer un asesoramiento completo a sus clientes.
«Stanford ha demostrado que una universidad puede aportar incluso más valor añadido, creando un motor de búsqueda con esta información, estructurándola, creando palabras clave y abriéndola a todo aquel que quiera consultarla. Esta reflexión nos lleva a dos cuestiones muy relevantes en el nuevo mundo y para el futuro del sector legal: ¿cuál es el verdadero valor añadido que quiero ofrecer a mis clientes? ¿Dónde está la información y quién la tiene?» reflexiona Carlos de la Pedraja, vicedecano de IE Law School.
El experto también se pregunta, además si, las universidades, pueden pasar de partners, proveedores, editoriales, a ser competidores de firmas de abogados. «La solución una vez más en este tipo de entornos pasa por la colaboración en su máxima expresión», asegura De la Pedraja.
Eugenia Navarro, profesora de Esade, prefiere llamarlo interoperatividad. «Se trata de integrar el conocimiento entre instituciones, en todas las direcciones en las que ese trasvase de datos pueda fluir. De las aulas a los despachos y al revés. Las posibilidades que abre para generar herramientas predictivas son infinitas. Además, los despachos tendrían una puerta abierta al talento y a las tendencias en el sector legal», señala la experta.
Para esta tarea, los despachos deben tener en cuenta dos elementos, diferentes, pero igual de importantes a la hora de condicionar su operativa: seguridad y tecnología. Y es que, por mucho que se traten de bases de open data, se deben cumplir con los máximos estándares en protección de datos y el bufete debe estar lo suficientemente avanzando como para ser capaz de detectar un patrón en, por ejemplo, resoluciones legislativas en otros idiomas, conflictos de arbitraje internacional u operaciones mercantiles.
«Creo que los documentos más importantes son las actualizaciones inmediatas de determinados ámbitos jurídicos, por áreas, por países o por fechas. Esto, complementado con un buen aprendizaje de los conceptos académicos y una buena metodología, serían una combinación muy buena para la formación integral de excelentes profesionales», explica el vicedecano de IE Law School.
Una tarea multidisciplinar
Para que el open data funcione, no sólo deben colaborar las facultades de derecho con los bufetes. «Deben sumarse las escuelas de ingeniería o matemáticas, que son las encargadas de generar toda la estructura para que los datos no caigan en saco roto», aclara Navarro.
No hay que olvidar que, en el sector legal, de cara a poder analizar estas fuentes, debe tenerse en cuenta la disponibilidad y acceso a los datos, así como la posibilidad de que pueda ser reutilizada, redistribuida e integrada con otros datos dentro del sistema de análisis.
«Dentro del proceso de transformación de los despachos, en un momento en que la digitalización, entendida en su máxima expresión, ya es una realidad en muchos sectores empresariales, la utilización del open data e inteligencia artificial, posibilita optimizar los procesos en el marco del asesoramiento a los clientes, la propia evaluación de riesgos legales, la gestión y estudio documental», explica Daniel López, responsable de protección de datos de Ecija.
Así, en el seno de una organización legal, el acceso estructurado a los datos posibilita una mayor gestión del conocimiento, la optimización de la gestión de proyectos y equipos, los recursos y el propio tiempo, mejorando la efectividad de los abogados.
Sin duda la implementación de análisis de fuentes open data, junto con las tecnologías comentadas, aportan un beneficio en todas las áreas del derecho. «Las aplicaciones derivadas de estos análisis nos posibilitan predecir con un alto porcentaje de éxito el signo de determinados procedimientos. Cuestiones que afectan tanto en el ámbito procesal, administrativo, mercantil, como en relación con la aplicación cuestiones más disruptivas e innovadoras», asegura López.
Es el caso, por ejemplo, de un letrado que, en el momento de preparar un escrito de alegaciones, puede consultar todos los aspectos necesarios, a tener en cuenta, de cara a la defensa de los intereses del cliente.
El dato, en su debido orden
Una de las cuestiones más complejas a la hora de poner en marcha iniciativas como la de la Universidad de Stanford en España es gestionar el trasvase de conocimientos. «La utilización de herramientas y desarrollos tecnológicos posibilitan la descarga de la información a través de una aplicación, para su posterior análisis en relación con los propios metadatos y la categorización de los datos. El resultado de estas operaciones facilita el trasvase de conocimiento de una manera efectiva, de libre acceso para los abogados, así como su enriquecimiento continuo», explica López sobre la operativa que siguen en Ecija.
Así, la aplicación de técnicas big data e inteligencia artificial, permiten avanzar hacia entornos predictivos. Este conocimiento, junto con la formación necesaria de los profesionales, es fundamental para acometer las diferentes funciones de los abogados.
No obstante, es cierto, que, en muchas ocasiones, son las propias administraciones o instituciones universitarias las que ponen mayores frenos al acceso a sus fuentes de información y compartan sus datos, «susceptibles de convertirse en marcadores legales», asegura Navarro.
Si bien es cierto que muchos organismos públicos aún deben abordar la tarea de digitalizarse, y más tras la crisis del Covid-19, sí es cierto que algunas ya habían hecho los deberes. «Nos encontramos que diferentes instituciones, tales como Registradores o el Notariado, facilitan información estadística, que si bien no son los datos en sí mismos, si enriquecen el análisis por parte de los despachos, al igual que la posibilidad de ser completados con otras fuentes documentales», concluye López.
