Sanción en México, vulneración en protección de datos

Tal y como se hacia eco Expansión, el pasado día 7 de diciembre de 2012, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, sancionaba a una empresa de ramo farmacéutico por violar la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de los Particulares. Segun informaba el citado organismo “IFAI vigila el cumplimiento de la ley y garantiza la protección de los datos de las personas”.

En el procedimiento sancionador, el IFAI resolvía contra la empresa que “condicionaba la venta de medicamentos psicotropos a que en la receta ecpedida se iondicará el nombre y dirección del paciente”, “determinandose que el responsable incurrió en infracciones a la ley, al contravenir el principio de información, por no poner a disposición de las personas el aviso de privacidad mediante el cual se les informara la existencia y características principales del tratamiento de sus datos personales” incluyéndose “el elemento de identidad, que consiste en informar el nombre o denominación del responsable que recaba y trata los datos personales”.

Una vez analizadas las pruebas por el IFAI. se resolvió sancionar a la empresa farmacéutica por vulneración del principiod e información e incumplimiento con el elemento de identidad, por valor de 1.500.033,78 pesos y 500.011,26 pesos respectivamente.

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

El Instituto es el organismo del Poder Ejecutivo Federal de México, con autonomía presupuestaria y de decisión, encaragdo de garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, como de los particulares y, resolver los reclamos sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado a los solicitantes. Presidido actualmente por Jacqueline Peschard Mariscal, esta compuesto por un pleno de cinco comisionados, designados por el Ejecutivo méxicano y ratificados por el Senado por un mandato de siete años sin posibilidad de ser reelegidos.

Entre sus facultades está el pedir la revelación a petición expresa de un ciudadano, la cual no es necesario que se revele la identidad del peticionario.Así mismo, en la legislación méxicana especifica bajo que condiciones los documentos son públicos, confidenciales o temporalmente reservados para su revelación, quedando obligados los tres poderes federales, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con los organismos públicos aútónomos como el propio Banco de México, y aquellos otros dependiente de los poderes federales.